Fecha de publicación: Dec 03, 2012 2:12:47 AM
No puedo dar una opinión sobre la nueva ley de medios. No la leí, y si bien soy graduado de la carrera que más relación tiene con su contenido, estoy desactualizado, desconozco experiencias de otros países y no tengo buenos conocimientos sobre políticas públicas del sector.
De todos modos, algo sí puedo afirmar. La ley se aprobó en el contexto político del cese de la alianza entre el grupo Clarín y el gobierno nacional.
Antes de ese momento, el mismo gobierno que después ejerció su mayoría parlamentaria para promulgar la ley, solo había expresado en su plataforma electoral 2007 la necesidad de una nueva ley de radiodifusión como estímulo al desarrollo de la cultura, pero no mucho más.
Al contrario, fue el mismo FpV quien, con las elecciones ya ganadas por Cristina Fernández y a 3 días de su asunción, autorizó el viernes 7 de diciembre de 2007 la fusión entre Cablevisión y Multicanal, dándole así al Grupo Clarín el 47% del mercado de cable del país. La necesidad de una nueva ley de radiodifusión expresada tan solo 3 meses antes parecía quedar así como una simple buena intención manifestada solo para captar votos.
Por cierto que esa decisión no sorprendía demasiado, ya que fue el presidente Néstor Kirchner quien firmó en el año 2005 el decreto 527 que prorrogó por 10 años las licencias de servicios de radiodifusión sin analizar el desempeño de las empresas concesionadas.
Fue solo en el marco de un nuevo escenario de poder, con poco que perder tras la ruptura de la alianza con el Grupo Clarín y con la imagen del matrimonio presidencial en sus mínimos históricos, que el gobierno decidió darle vuelo al olvidado documento de los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación, que en agosto de 2004 había presentado la Coalición por una Radiodifusión Democrática.
Sobre la base de este documento, y aprovechando los últimos meses de mayoría parlamentaria automática en ambas cámaras tras el débil resultado en las elecciones legislativas de medio término, en octubre de 2009 se sancionó la nueva ley.
Más allá de su contenido, y de los sesgos de espíritu al momento de su reglamentación e implementación, el gobierno nacional ubica como objetivo político de primer nivel hacer cumplir la reducción de la operación del Grupo Clarín. El gobierno con mayor concentración de poder desde el regreso de la democracia en Argentina nos viene repitiendo desde hace 3 años que uno de sus mayores objetivos es conseguir que una empresa cumpla con una parte de una ley.
Se trata del gobierno que ganó con el 54% de los votos, el mismo que tiene mayoría absoluta en las dos cámaras del poder legislativo, el mismo que controla el Consejo de la Magistratura, dispone de la mayor parte de los fondos públicos de una nación con PBI en crecimiento desde hace 10 años y cuenta como propias o aliadas a 21 de las 23 provincias del país.
Ese gobierno, quiere que una empresa cumpla con una parte de una ley. Es probable que lo consiga. Si así sucede, los antecedentes anticipan que intentará crear una red de propiedad y concentración diversa (multimedios privados + multimedios públicos + medios de cooperativas + medios de organizaciones de la sociedad civil + medios de PyMES y mini PyMES) pero con discurso político oficialista o ausente, es decir, no representativo de esa diversidad en la propiedad.
Para conseguir audiencia, proveerá a esa de red de capacidad operativa por medio de fondos públicos (publicidad, subsidios o exenciones) y asistencia directa (consultoría, equipamiento, personal). Pero también facilitará condiciones privilegiadas de cobertura territorial, presionará pauta de los anunciantes privados y fabricará información de audiencias que exagere su rating.
Pero si el gobierno no consigue que esa empresa cumpla con una parte de una ley, la situación no será más venturosa. Además de lo anterior, que ya viene siendo parcialmente ejecutado, la gobernabilidad argentina quedará condicionada más que nunca a un actor mediático capaz de resistir y doblegar al gobierno más poderoso desde 1983.
Ese también sería un legado de las políticas públicas del kirchnerismo. En cualquier futura negociación con cualquier futuro gobierno, Clarín se sentaría a la mesa haciéndole saber a su interlocutor que si no se aceptan sus condiciones, se es libre de elegir el camino de la confrontación, a la cual el grupo habría demostrado ser inmune.
Repito, no sé lo que dice la ley. Pero observo lo que se está haciendo con ella, y creo que hay varios escenarios en los que la democracia y la república solo pierden.