2009 - La minería a cielo abierto en San Juan

Expuesto esto, el plan adhiere explícitamente a la definición de desarrollo local de Vázquez Barquero “como un proceso de crecimiento y cambio estructural, liderado por una comunidad local, que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de la población de la localidad o región. Todo esto como consecuencia de la transferencia de recursos de las actividades tradicionales a las modernas, de la utilización de economías externas y de la introducción de innovaciones” (pág. 23).

Por otro lado, los autores resaltan los principios de complementariedad y subsidiariedad como rectores del plan (pág. 18), y enumeran una serie de valores de la Doctrina Social de la Iglesia Católica (DSI) que deben guiar las estrategias de desarrollo local[3], con el fin de aumentar los 4 capitales necesarios para un desarrollo sustentable[4]: capital natural, capital construido, capital humano y capital social. 

Siguiendo este criterio, el plan incluye 3 programas de promoción (programa de promoción del capital construido o económico, de promoción del capital humano y social, de promoción del capital institucional) y un plan de preservación del capital natural, con ideas-proyecto elaborados a través de un análisis sistémico complejo que incluyen las distintas visiones recabadas en el peridiagnóstico y en el diagnóstico participativo (pág. 16).

Como adelanto de la orientación de estas ideas-proyecto (que deberán promover al menos uno de los valores para el desarrollo emparentados con la DSI), el IDS UCCuyo menciona que todo proceso de desarrollo local sostenible debe al menos “generar alternativas de ingreso, multiplicar el número de propietarios productivos, aumentar en número y calidad institucional las organizaciones de la sociedad civil, fortalecer y promover la calidad institucional de las organizaciones gubernamentales, elevar el nivel de educación en la población y formar en los valores para el desarrollo” (pág. 25).

En cuanto al enfoque del concepto de lo “local”, se lo analiza principalmente desde el punto de vista jurídico-administrativo de lo “municipal”, entendido como “la institución político-administrativa de base territorial, con personalidad jurídica expresada en el derecho público, que se encuentra más próxima y tangible a la ciudadanía” (pág. 28).

Por último, el IDS UCCuyo considera que el crecimiento económico que experimentan los 3 municipios escogidos desde 2006 tiene carácter de endógeno, puede perdurar en el tiempo y puede ser el motor de un proceso de desarrollo local sostenible que a partir de la capacidad de los recursos humanos y la capacidad de los agentes locales, permitan “un mejor aprovechamiento de los factores exógenos” y dinamicen las potencialidades de cada sociedad local (págs. 29-30).

Estructura y contenidos del plan

El diagnóstico departamental del plan intenta “caracterizar la realidad ambiental –desde todas sus dimensiones: territorial, física natural, socioeconómica e institucional y política” y “poder identificar las potencialidades, problemas y limitaciones para el desarrollo sostenible de la región, desde una visión interdisciplinaria” (pág. 31).

Para conseguir esto, en primer lugar describe las siguientes variables locales:

Ambiente territorial:

• • ubicación geográfica (latitud-longitud, fronteras, km2, 64% del territorio provincial, 150 km. promedio de distancia de la Ciudad de San Juan);

  • población y densidad (Nº de habitantes, concentración en valles, 6 % de la población provincial, bajísima densidad por km2, emigración histórica intraprovincial, tasa de natalidad decreciente, nacidos vivos según edad de la madre, nacidos vivos según máxima instrucción de la madre, tasa bruta de mortalidad fluctuante, decreciente tasa de mortalidad infantil, tasa de mortalidad neonatal en descenso salvo Jáchal con aumento, tasa de mortalidad post-neonatal, tasa de mortalidad materna);

  • infraestructura básica regional (3 rutas nacionales que atraviesan el territorio, necesidad de nuevos centros de control de cargas, kilómetros de rutas provinciales según tipo de superficie, mapas carreteros, obras previstas, posibilidad de reactivar algunos ramales ferroviarios, bajísimo % de líneas de telefonía fija con relación a la provincia, importancia del teléfono celular y radios locales, redes sociales parentales, cultura de comunicación “cara a cara”, baja inserción de Internet y TV, dependencia energética, bajo aprovechamiento energético del Río San Juan, expansión de demanda energética -1300 Gwh/año-, existencia de una central hidroeléctrica, proyectos de generación energía eléctrica geotérmica, hidroeléctrica, eólica y térmica con hidrocarburos -bitumen-, agua potable provista por Obras Sanitarias o uniones vecinales según localidad, sin servicio de cloacas, % de hogares con necesidades básicas insatisfechas superior a la provincia -entre 18 y 27% vs. 17% provincial-, centros de salud y grado de complejidad);

  • principales poblados de la región (diagnóstico valorativo de estructura urbana y características de la edificación para 9 poblados con anexo de mapas, flora urbana, fotos satelitales y de calles, observándose un promedio aproximado de 60% de viviendas CALMAT IV[5], sísmicamente vulnerables, identidad arquitectónica no definida y poco valorada, mobiliario urbano de escaso valor estético y sin estilo definido, trama urbana en damero). 

En primer lugar y para describir la situación presente, se decidió utilizar el análisis FODA, encontrándose 12 oportunidades, 4 amenazas, 22 fortalezas y 78 debilidades.

En el sector externo, las oportunidades identificadas giran en torno al potencial acceso a fuentes de financiamiento y la existencia de un marco jurídico unificado, mientras que las amenazas las encuentra en la inseguridad jurídica que genera incertidumbre en potenciales inversores mineros y en los riesgos ambientales de las actividades productivas.

Por su parte, en lo interno, las fortalezas se centran en las ventajas naturales de contar con un territorio amplio y bello, con fuentes de energía renovables, agua, recursos mineros y termales, además de una mano de obra joven dispuesta a trabajar y capacitarse, mientras que las debilidades las localiza en la falta de información suficiente sobre la calidad y cantidad de recursos mineros, en la falta de explotación de los recursos naturales y en la existencia de prácticas productivas poco eficientes, recursos humanos poco calificados, pobreza, individualismo, falta de líderes e ineficiencia estatal y de gobierno[10].

Descripta la situación presente, el plan define 3 ejes estratégicos comunes a los 3 departamentos: 

1. crecer con la gente: satisfacción de necesidades personales, fomento del asociativismo y de la calidad institucional;

2. minería para el desarrollo sostenible: desarrollo de la actividad de manera responsable;

3. infraestructura para el desarrollo: construir red vial estratégica -corredor bioceánico-, asegurar producción de energía (fundamental para el desarrollo del punto 2) y disponibilidad de agua.

Sin embargo, como el estudio no proviene de la voluntad política de los municipios, en las ideas-proyecto no se detallan los planes de acción con responsables y plazos para llevarlo adelante. Simplemente se mencionan alternativas de acción posibles, en general sin definir ningún camino en concreto. Por este motivo, no se incluye un detalle aquí de cada uno. Su contenido se analizará más adelante.

Para financiar estos proyectos, el plan prevé distintas fuentes posibles: regalías mineras; contratos de fideicomisos con empresas mineras; programas de nivel provincial y nacional; y financiamiento internacional.

En lo que a regalías y fideicomisos mineros se refiere, a los 3 municipios les corresponde un 33%, tanto para los proyectos en producción (Veladero y Gualcamayo) como para el que se encontraba en construcción (Casposo) al momento de redactar el plan. Considerando estos 3 proyectos, el IDS proyectó los ingresos a recibir en el período 2008-2031 para cada uno de los 3 departamentos, para la Secretaría de Minería y para la Dirección de Rentas de la provincia.

A valor de cuando se hizo el estudio, ese monto ascendía a un total de 450 millones de pesos, de los cuales un 43% llegaría a los municipios. Todo esto suponiendo que no habría nuevos proyectos metalíferos, que no se modificaría la legislación y que la tasa de descuento es del 18%.

5. La ejecución del plan hasta 2009.

El plan se validó a mediados de 2008 con intendentes locales y sus gabinetes mediante reuniones en las que también intervino el secretario de Minería de la provincia y el director del Instituto de Desarrollo Sustentable.

Como resultado, cada departamento eligió aproximadamente 5 ideas-proyecto por cada uno de los 3 capitales (social y humano, institucional, construido) y las ordenó según el grado de prioridad (pág. 317). Los proyectos más valorados por los 3 municipios fueron en primer lugar el de fortalecimiento de la gestión municipal, el de gestión integral del agua potable y saneamiento, la creación de agencias de desarrollo local, las bases y propuestas para una política familiar integral y el saneamiento de títulos de propiedad.

De interés para algún municipio en particular fueron: la gestión integral de residuos sólidos urbanos (Iglesia y Calingasta), el parque industrial regional para Jáchal, el plan de vivienda regional (Iglesia y Jáchal) y la creación de centros integradores comunitarios (Calingasta y Jáchal).

No hay información sobre la ejecución específica de alguno de estos proyectos. Se solicitaron informes de avance a las intendencias y consejos deliberantes de los 3 municipios y a los autores del plan, pero no se obtuvo respuesta. De todos modos, por la particular orientación del plan y el modelo de desarrollo que propone, se considera que existen suficientes elementos como para hacer un análisis crítico y prever algunos aspectos de su implementación.

6. Análisis del plan. 

Si bien el plan manifiesta su adhesión a los principios del desarrollo endógeno, la sostenibilidad ambiental, la participación ciudadana y el enfoque sistémico complejo en la elaboración de proyectos, se considera que en realidad es una simulación de desarrollo endógeno como estrategia de legitimación de una propuesta de crecimiento económico que no respeta los principios del endogenismo. 

La principal causa por la que no lo respeta es porque ignora el rechazo de una parte importante de la población local hacia la actividad económica que sustenta al plan: la minería de oro a cielo abierto que extrae el mineral de la roca mediante una solución lixiviante que utiliza agua y cianuro, y que además expulsa polvo con minerales que los vientos depositan en hielos eternos, exporta lingotes de metal doré -mezcla de oro, plata y otros minerales- y aprovecha las ventajas legales-tributarias-aduaneras de la legislación argentina.

Cierto es que no toda la minería metalífera en la que se asienta el plan es de oro, ya que también hay proyectos de extracción de cobre. En esos casos, la resistencia cívica puede ser menor porque no se utiliza cianuro en la solución lixiviante (se utiliza principalmente ácido sulfúrico) pero los otros componentes del rechazo siguen estando presentes, incluyendo la utilización de grandes volúmenes de agua.

El rechazo de una parte de la población puede conocerse mediante distintas acciones que de manera sostenida desde el año 2003 vienen realizando una serie de organizaciones de la sociedad civil como la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, la Unión de Asambleas Ciudadanas, la asociación Madres Jachaleras, la Asociación de Viñateros Independientes, la Federación de Viñateros de San Juan, o la Multisectorial de Jóvenes Contra la Minería con Cianuro, entre otras[12].

Esto podría ser catalogado de minoritario. Sin embargo, existen otros tres hechos significativos:

1. En julio de 2007 se aprobó la Ley Provincial 7.819, que en su artículo 113 establece que “será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de cien (100 J) a trescientos jus (300 J), instrucciones especiales, trabajos de utilidad pública, clausura y/o arresto de hasta treinta (30) días: (…) 4º) El que organice desfiles, manifestaciones o reuniones públicas multitudinarias al aire libre o en local cerrado, sin dar aviso a la autoridad policial para que implemente las medidas de seguridad que el caso requiera. 5º) El que en una reunión pública de carácter político, religioso, social o de otra índole, moleste o cause desorden con demostraciones hostiles o provocativas o arroje líquidos u objetos”[13]. Las organizaciones que se oponen a la minería a cielo abierto denunciaron la ley como un intento de frenar las manifestaciones de rechazo.

2. En Calingasta, el Tribunal Electoral Provincial rechazó en tres oportunidades la iniciativa del ex intendente Adolfo Ibazeta de hacer una consulta popular por la explotación minera a cielo abierto con sustancias peligrosas en Calingasta[14]. Aparentemente, antes del segundo rechazo, el gobierno provincial encargó una encuesta en el departamento donde se consultó a la población qué actividad productiva preferían o consideraban más importante para el desarrollo de Calingasta, producción agrícola, turismo o minería, obteniendo como resultado que el 85% de la población no marcó a la minería[15].

3. El proyecto binacional Pascua-Lama, cuya construcción ha sido recientemente aprobada por las autoridades nacionales de Argentina y Chile, tiene la oposición en Chile de la Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos, quienes lo han denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que consideran que vulnera derechos humanos garantizados en el derecho internacional y nacional chileno. En Argentina, Javier Rodríguez Pardo, miembro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, señala que “las comunidades de Argentina afectadas por el eventual proyecto Pascua Lama no apoyan esta actividad extractiva y demandan una consulta popular vinculante en los territorios afectados"[16].

¿Estas señales de rechazo contradicen la visión del desarrollo endógeno? ¿Qué es el desarrollo endógeno? Antonio Vázquez Barquero señala que “el desarrollo endógeno es un concepto complejo en el que confluyen diferentes visiones del desarrollo. (…) Cualquiera que sea la interpretación que se adopte, las políticas de desarrollo tienen que construirse a partir de factores económicos, sociales, ambientales, institucionales, políticos y culturales que se combinan de forma única en cada localidad, en cada territorio. Por ello, la nueva política de desarrollo sostiene que las iniciativas de desarrollo difieren de un territorio a otro, de una localidad a otra, y son la población y sus organizaciones quienes deciden cómo responder a los desafíos a los que cada uno de los lugares y territorios se enfrenta en el proceso de desarrollo”[17]. 

Que el plan de desarrollo analizado sustente su ejecución en una actividad con evidencias de rechazo social y sin consultas populares al respecto impiden considerarlo como una estrategia de desarrollo endógeno para la región, más aún cuando en la fase de diagnóstico participativo no apareció ninguna de estas opiniones, demostrando que el instrumento participativo ad hoc diseñado por el IDS tuvo muchos más rasgos de participación simulada que simbólica o real[18], debido a que, como el mismo plan informa “las bases de referentes fueron consensuadas, en todos los casos, con los responsables municipales, designados por los intendentes” (pág. 155)[19], de modo que hubo referentes no consultados.

Para tener una idea de los impactos mineros sobre el medio ambiente, los investigadores Guido Galafassi y Andrés Dimitriu señalan que “en Estados Unidos, donde existe la mayor cantidad de datos científicos y estadísticos disponibles sobre el sector, la Environmental Protection Agency (EPA), oficina de protección ambiental del gobierno, considera que la minería es después del calentamiento global la mayor amenaza a los ecosistemas del planeta, además de ser la mayor industria de contaminación tóxica de ese país, superando a cualquier otro sector industrial. En un estudio sobre la calidad del agua y el desafío y los costos económicos que implican su contaminación, la EPA concluye que `la minería en el oeste de los Estados Unidos ha contaminado más del 40% de las cuencas hidrográficas de la región´ y agrega que `el saneamiento de las minas abandonadas en 32 estados de los Estados Unidos puede costar 32.000 millones de dólares o más”[22].

Existen varios antecedentes mundiales de accidentes en el manejo de cianuro. Se citan solo algunos: en enero de 2000, la catástrofe de Baia Mare, en Rumania, por derrame de cianuro afectó el suministro de agua potable de 2,5 millones de personas y las actividades económicas de más de un millón y medio que viven del turismo, la agricultura y la pesca a lo largo del Río Tisza; en diciembre de 1992: la catástrofe de Summitville, en Colorado (EE.UU.), por derrame de cianuro y metales pesados provocó el quiebre de la compañía dejando daños ambientales cuya reparación se estiman en 150 millones de dólares y eliminó la vida acuática a lo largo de 27 km. del río Alamosa; en 1992, en Carolina del Sur (EEUU), más de 11000 peces muertos en 80 km. por derrame de cianuro[23].

Por este motivo, existen algunas provincias argentinas, como Córdoba o Mendoza, que tienen prohibida por ley la minería a cielo abierto con uso de sustancias toxicas[24]. En San Juan, el riesgo de filtraciones se hace más fuerte cuando se toma conciencia que la provincia posee actividad sísmica muy frecuentemente[25], que el 27 de octubre de 1894 hubo un sismo de 8.3 grados en escala Richter en la zona donde actualmente se localiza el proyecto Gualcamayo y otros en exploración (pág. 74), afectados por la falla activa El Tigre, y que el plan reconoce la necesidad de microzonificación sísmica y la exigencia de estudios de riesgo sísmico para proyectos mineros -aunque no termina proponiendo nada al respecto-.

Con respecto al agua, la actividad minera que sustenta al plan es consumidora de un caudal importante (en Veladero se utilizan unos 10 millones de litros de agua por día, Pascua-Lama utilizará casi 32 millones) pero no se analizan las externalidades negativas que la proliferación de proyectos generaría en la agricultura -que podría ver reducido los caudales para riego- o en la provisión de agua potable, que en Jáchal suma quejas por falta de presión y niveles elevados de arsénico, aunque es muy posible que esto no tenga que ver con la minería, ya que es el río Salado el que introduce en el río Jáchal altos porcentajes de boro y arsénico [26].

El programa de conservación del capital natural propone una sola idea-proyecto dirigido a la Reserva de Biósfera San Guillermo, de modo que no hay cobertura territorial para los departamentos de Jáchal ni Calingasta, y ni siquiera de Iglesia, ya que la reserva no abarca todo su territorio.

Pero además, el proyecto no observa conflictos graves en la exploración y explotación de metales en el territorio de una Reserva de Biósfera (como sucede con Veladero o Pascua-Lama) y eventualmente también en el territorio del Parque Nacional San Guillermo, que se encuentra contenido dentro del territorio de reserva pero con una superficie menor.

Contradiciendo el ya mencionado informe de la Secretaría de Minería de la Nación[27], e incluso una resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación donde se recomienda al gobierno de la Provincia de San Juan y a la Administración de Parques Nacionales que se elabore el Plan Maestro de Manejo de la Reserva de la Biósfera San Guillermo y se suspenda la explotación minera hasta tanto no se apruebe el plan[28], en el proyecto de manejo del IDS se considera que, lejos de degradar la reserva de biósfera, la actividad minera metalífera ha realizado valiosos aportes al conocimiento del área, ya que durante la exploración se descubrieron yacimientos arqueológicos y ha permitido estudiar la cuenca y el régimen hídrico, además que la minería genera un control de la caza furtiva y de la recolección de plantas autóctonas (pág. 309).

Por todos estos motivos, se considera que el plan de desarrollo renuncia a tener una política activa de conservación del capital natural, delegando la función en las prácticas de responsabilidad social empresaria y en los planes de manejo ambiental y de acción frente a contingencias que integran los Informes de Impacto Ambiental de los proyectos mineros, adhiriendo a lo que Galafassi y Dimitriu llaman “aquella fórmula de la economía ambiental neoliberal basada en el principio mercantilista de “el que contamina, paga” (2007: pág. 3).

En lo que respecta a lo legal-tributario-aduanero, la explotación minera en la que se sustenta el plan se enmarca en una orientación nacional, que puede consultarse en los documentos “Informe de Gestión 2003-2007” y “Minería en Números 2008” que publica la Secretaría de Minería de la Nación[29]. 

En ellos se observa que la política minera argentina pretende competir con otros países por la instalación en su territorio de grandes proyectos de extracción financiados con capitales extranjeros. Esa competitividad requiere, además de un territorio con riquezas minerales y la ausencia de rechazo social organizado y activo, un marco legal-tributario-aduanero estable y ventajoso para los inversores[30], habitualmente llamado “competitivo”.

El plan cuantifica el monto de las regalías y fideicomisos que cobrarán los municipios en el período 2008-2031 por los proyectos Veladero, Gualcamayo y Casposo de continuar el actual marco legal: son casi 194 millones de pesos (43% de un total de 450 millones de pesos).

En primer lugar, hubiese sido conveniente que el estudio cuantificara el monto en una moneda más estable que el peso argentino, que detallara en qué moneda se calcula originalmente y si depende o no de los precios internacionales del metal doré extraído.

Pero los planes de recaudación ya están alterados. La crisis financiera de 2008 provocó que la empresa Intrepid Mines detuviera en octubre de ese año la construcción de Casposo y se desprendiera de ella, vendiéndola a la empresa Troy Resources, que reanudaría su construcción en octubre de 2009, de modo que, en 2009, los ingresos por regalías de Calingasta serán igual a cero.

Pero ¿y si la empresa Troy Resources decide cancelar el proyecto por tiempo indeterminado? ¿Qué sucede con el plan de desarrollo sustentable para Calingasta? La característica de “endógeno” del plan aparece en toda su fragilidad, más aún cuando el plan no hace un análisis exhaustivo y a largo plazo del mercado de metales en el mundo. Oscar Madoery propone que “si lo global define el contexto, lo local define el proyecto”[31]. En este caso, lo global define el contexto y el proyecto.

Analizando el modelo propuesto desde el punto de vista de la clasificación de modos de desarrollo según el agente de desarrollo que propuso Alain Touraine, le aplica el caso típico de las sociedades dependientes, donde “el agente de desarrollo se caracteriza por ser externo, es decir, los países colonizadores o las empresas multinacionales”[32].

Dicho esto, deja de llamar la atención el por qué en la recorrida histórica por la evolución de la teoría del desarrollo que realiza el plan (págs. 19-30), no hay mención alguna a las ideas de raíz latinoamericana sobre el desarrollo (y subdesarrollo) como las adelantadas a finales de la década de 1930 por Raúl Prebisch, retomadas por el cepalismo en los ‘50 y derivadas hacia el dependentismo en los ‘60, con sus criterios de deterioro en los términos de intercambio y centro-periferia para entender las relaciones económicas a nivel mundial[33].

El proyecto del IDS se propone un objetivo peculiar: conseguir un modelo de desarrollo desde abajo (crear recursos endógenos que permitan desarrollar una capacidad competitiva, en términos de Madoery[34]) a partir de un modelo de desarrollo desde arriba (basado en la redistribución justa y eficiente de recursos exógenos -regalías- que provienen de la ventaja comparativa de poseer un territorio rico en metales y una legislación “competitiva”).

En la dinámica mental de Norbet Lechner, se estaría proponiendo formular y decidir las metas colectivas u objetivos después de “aprovechar las ventajas del momento” en el “mercado de las oportunidades”[35], sin apreciar que esa ventaja determina fuertemente las metas colectivas que se pueden elegir, limitando entonces la capacidad de la sociedad de elegir su modelo de desarrollo.

Pero aún siguiendo la orientación del plan, el mercado de las oportunidades no se muestra en todas sus dimensiones: como no se analiza el encadenamiento productivo de la minería metalífera ni hacia atrás ni hacia adelante, no ofrece ningún panorama que permita evaluar las oportunidades de desarrollo local que pudiera tener la territorialización de las actividades de separación y purificación del metal doré en altos hornos, añadiendo valor agregado al producto final, y tampoco permite visualizar la dimensión de las regalías a cobrar en comparación al negocio final que realizan las empresas mineras y el riesgo ambiental existente.

Es incomprensible que un plan que identifica a la minería metalífera como clave para el desarrollo, no proponga ningún proyecto productivo concreto en su cadena de valor[36], afirmando implícitamente una voluntad de no intervención local y delegando la competencia en los gobiernos provincial y nacional.

Tampoco hace propuesta alguna para controlar la producción a boca de mina sobre la que se calcula el 3% de regalías, ni tampoco propone ningún tipo de auditoría sobre los costos de producción declarados, que son descontados del monto sobre el que se calculan las regalías. Si estos controles no son de competencia municipal, sería conveniente delinear alguna estrategia de presión para conseguirlo, teniendo en cuenta lo claves que son las regalías para la ejecución del plan de desarrollo analizado.

Para comprender mejor las causas de lo que se ha venido cuestionando, debe tenerse en cuenta el origen del plan. Quien lo solicitó y lo financió fue la Dirección de Desarrollo Sustentable que depende de la Secretaría de Estado de Minería[37], que parece estar en el centro de la escena provincial en lo que a políticas de desarrollo se refiere, ya que por otra parte ha encargado a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de San Juan un estudio sobre “Identificación de Estrategias para la Formulación de Planes de Ordenamiento Territorial para los Departamentos de Jáchal, Iglesia y Calingasta”, cuya primera etapa ha sido recientemente concluida. 

En la fase de diagnóstico del ambiente institucional, el relevamiento del IDS encuentra una serie de factores que remiten a una democracia de tipo delegativo, en el sentido definido por Guillermo O’Donnel de movilización de votantes por cuestiones clientelistas, populistas y personalistas más que programáticos.

El diagnóstico del plan informa la situación con total claridad y expresa que en los tres departamentos los ciudadanos consultados identifican al asistencialismo y al clientelismo político como uno de los problemas de sus departamentos. Sin embargo, el plan cae en la contradicción de criticar el mismo esquema de gobernabilidad que sustenta el actual modelo de minería metalífera a cielo abierto.

En un esquema de “gobernabilidad democrática” como el que Prats plantea como exigencia para que el crecimiento sea también desarrollo humano[38], probablemente la explotación minera a cielo abierto con manejo de sustancia contaminantes no sería llevada adelante.

Debe tenerse en cuenta que en San Juan existen varios elementos que impiden hablar de un modelo de gobernabilidad democrática y no-delegativa.

Además del ya mencionado artículo 113 de la Ley Provincial 7.819, de los tres rechazos del Tribunal Electoral Provincial a la consulta sobre la minería en Calingasta y de la tradición de intervenciones y conflictos municipales que tiene la provincia (págs. 132-133)[39], existen rasgos de nepotismo alrededor de la familia del gobernador José Luis Gioja, que incluyen a su hermano César, presidente de la Comisión de Minería del Senado[40]; otro hermano, Juan Carlos, diputado nacional; su hijo Leonardo César, director de la Agencia San Juan de Desarrollo de Inversiones; y su hijo Gastón, que manejaría un conglomerado de medios de comunicación que al menos incluye Telesol, diario El Zonda, radio Del Sur, radio La Voz, AM 1020 y La Mega en San Juan[41].

Joan Prats menciona que las democracias representativas son “más propensas a producir políticas estables, sostenibles y ampliamente aceptables (aunque quizás menos capaces de producir “milagros” en el corto plazo)”[42]. Como se conoce que las democracias delegativas son más volátiles, aparece la preocupación por el mantenimiento de la estabilidad jurídica para los inversores mineros.

Por eso, dentro de los lineamientos estratégicos, el plan considera fundamental y urgente “la construcción de una red de protección a la seguridad jurídica y a la garantía de las inversiones con un esquema impositivo claro y seguro” (pág. 207).

Analizadas las causas fundamentales por las cuales se considera que la implementación del plan no producirá un proceso de desarrollo endógeno en la región, se analizarán otras cuestiones sobre su contenido.

Como se observó en las páginas 7 y 8 de este trabajo, el plan realiza un extenso informe de problemas que preocupan a la población consultada, recoge las visiones comunes de los departamentos y ordena la información del peridiagnóstico y del diagnóstico participativo en una matriz FODA. Luego propone 29 ideas-proyecto, los valida con las gestiones municipales y les asigna un nivel de prioridad en cada caso. A grandes rasgos, se respetan las fases de la planificación del desarrollo económico local que define Alburquerque (1994: pág. 324).

El peridiagnóstico es un estudio completo y detallado de los distintos recursos del territorio, que el plan denomina ambientes. Se adjuntan mapas, fotografías y se describe con información precisa las distintas variables descriptivas. Sin embargo, se observaron las siguientes cuestiones:

• • La red vial descripta no detalla claramente las rutas provinciales y caminos mineros que atraviesan el territorio, ni la utilización permitida en el segundo caso[43]. Tampoco queda clara la legalidad de poseer una ruta provincial (Nº 413) que, si bien es un camino minero mejorado y mantenido por la empresa Barrick que explota la mina Veladero, no es de libre tránsito y solo puede ser utilizado por vehículos autorizados en el puesto de control de Tudcum, 156 kilómetros antes de la mina[44]. El plan no analiza el potencial turístico de aprovechar esta infraestructura para conocer la zona denominada “Valle del Cura”, de gran atractivo y dentro de la Reserva de Biosfera San Guillermo. 

  • El análisis del clima (pág. 81) no es lo suficientemente detallado en cuanto a precipitaciones, temperaturas, insolación, vientos y otras variables, porque no analiza la distribución de esas variables en el territorio (mediante mapas) y no cruza el clima con actividades productivas potenciales (agrícolas, energéticas). 

  • El análisis del ambiente económico describe las distintas actividades productivas de la región, pero no elabora un detalle de todas las empresas locales, no analiza sus relaciones y no hace ningún análisis de eslabonamientos productivos “hacia atrás” ni “hacia delante”. Al no contar con esta información -ni siquiera se analiza el clúster de la minería metalífera regional- , el plan no propone estrategias territoriales de articulación empresarial. 

  • Para el proyecto Pascua-Lama, no hay estimación sobre los montos por regalías, fideicomisos e impuestos a percibir por el estado nacional, provincial y municipal. No detalla cuáles son las actividades constructivas que serán entregadas a terceros (sólo se dice “gran parte”), lo mismo sucede en la mina Gualcamayo, donde por el contrario sí se estima el total de impuestos a pagar y la distribución nación, provincia, municipio, lo mismo que en Casposo. 

  • No hay ningún análisis de externalidades negativas que la proliferación de proyectos mineros a cielo abierto con uso de sustancias contaminantes pudiera provocar sobre los circuitos turísticos de la región (pág. 106). 

  • Tampoco hay ningún análisis de externalidades negativas por daño en la imagen o contaminación que este tipo de minería podría provocar sobre la vitivinicultura de la provincia, que representa el 17% del PGB sanjuanino (22% de la superficie nacional de uva para vino implantada en su territorio, 81% de la superficie implantada nacional de uva para consumo en fresco, 90% de la producción nacional de pasas). Tampoco hay análisis de externalidades sobre la producción de olivos, que concentra en la provincia el 20% de la superficie nacional implantada. 

  • Se analizan demandas de referentes locales en Calingasta, pero no en Iglesia y Jáchal. Existe una disparidad en la profundidad del análisis entre departamentos (págs. 131-132). 

Con respecto a las ideas-proyecto que se propusieron, se observa lo siguiente:

• • Como ya se indicó anteriormente, las ideas-proyecto no detallan planes de acción con responsables ni plazos para llevarlo adelante, y tampoco establecen el monto de recursos necesarios ni la fuente (según los casos pueden ser regalías mineras, contratos de fideicomisos con empresas mineras, programas de nivel provincial y nacional o financiamiento internacional). 

  • En ningún caso se proponen proyectos que utilicen instrumentos como sociedades de capital riesgo, capital semilla, anendamiento financiero, o sociedades de aval y garantía recíproca (Alburquerque: 1994, pág. 315). 

  • Tampoco se plantea la existencia (o se basa en) un pacto social por el desarrollo económico local (Alburquerque: 1994, pág. 323). 

  • No hay un solo proyecto de capital social o humano dirigido a los pueblos originarios de la región. 

  • Tampoco hay ningún plan de fomento del capital construido que relacione los pueblos originarios con la elaboración de productos sobre la base del algarrobo, como podría ser la producción de añapa, o bien que contemple la recuperación de los sistemas de riego prehispánicos en el valle de Iglesia, solo por dar un ejemplo de estudios realizados que podrían favorecer la agricultura, generar una atracción turística y ser al mismo tiempo un proyecto de rescate cultural[45]. 

  • No hay proyectos dirigidos a fomentar la actividad agroalimentaria y de bebidas en la región, cuando existen múltiples oportunidades como la producción de vino patero en la localidad de Angualasto (Iglesia) o la producción de sidra y calvado (cognac de manzana) en Iglesia y Calingasta, donde hubo viejas plantas de producción que solo se las intenta valorizar desde el punto de vista turístico, cuando existen plantas en producción como Sidras La Capilla y Des Cordeliers, señalada como la única bodega y planta embotelladora argentina de sidra con el método champegnoise[46]. Tampoco hay plan para la producción de nogales e higueras en Tudcum, ni cebolla en Jáchal, ajo en Calingasta u olivos en Jáchal, además de la producción de semillas y aromáticas[47], ni para la ganadería. 

  • Como principal productora de manzanas de la provincia, no hay plan al respecto para Calingasta. 

  • No hay plan ni análisis alguno para el aprovechamiento de los diferimientos impositivos agropecuarios en la región[48]. 

  • No hay ningún detalle sobre posibles productos a incorporar a denominaciones de origen, ni plan para la formación de consejos reguladores (págs. 296-297), ni los valores a destacar en una posible marca regional. En ningún momento se analizan los riesgos de la minería metalífera en su impacto sobre la creación de marcas de calidad, ni sobre el turismo activo, y tampoco se analiza un plan de manejo para los impactos que ya está generando sobre la cultura y los valores tradicionales de la región. Contrasta la preocupación por el turismo rural, que puede degradar el territorio y por lo tanto debe regularse, controlarse y realizar estudios de impacto ambiental (pág. 294). 

  • No hay plan para la industria forestal en Calingasta o Iglesia[49], cuando son los 2 departamentos de San Juan con mayor superficie implantada bajo riego. 

  • La idea-proyecto para desarrollar PYMES mineras no metalíferas en Calingasta, no prevé ninguna articulación con programas de minería social y otros de la Secretaría de Minería de la Nación[50]. 

  • Resulta fundamental la propuesta de creación de agencias de desarrollo local en cada departamento, pero no se prevén maneras de funcionamiento para evitar el clientelismo político detectado como práctica habitual en la región. 

  • El Plan Integral de Turismo Sostenible plantea la valorización de espacios muy atractivos, pero no debiera incluir el nombre de ninguna empresa prestadora de servicios (pág. 290). 

  • Por la orientación de los dirigentes locales y provinciales respecto a la minería metalífera a cielo abierto con uso de sustancias contaminantes, y por las prácticas políticas asistencialistas que la propia investigación reveló que son una debilidad de la región, se considera que es muy probable que los proyectos propuestos para mejorar el capital social-humano desatiendan sus objetivos declarados y se transformen en un mecanismo de control social para la creación de consenso sobre la actividad minera cielo abierto, y de control político para asegurar la dominación territorial a los partidos políticos preponderantes.  

  • En la descripción de algunos proyectos, aparecen referencias en primera persona, opiniones subjetivas, líneas de acción de contenido religioso, referencias a personas con nombre y sin apellido (ver pág. 227, “David quedó en buscarlo”), que denotan cierta informalidad. 

  • Se considera que el proyecto de creación del Instituto de Mediación Comunitaria Municipal podrá ser útil para contener conflictos entre vecinos y en el ámbito escolar, y educar en los valores del diálogo, pero no se considera que pueda ser útil para contener la violencia familiar o sexual. En muchos casos se observó un exceso de optimismo en los beneficios sociales declarados de hacer el proyecto y los costos sociales que se disminuyen, como cuando se considera que el curso de líderes bajará el alcoholismo y la drogadicción. 

  • El proyecto Bases y Propuestas para una Política Familiar Integral (pág. 225) hace un trato despectivo de las personas homosexuales y propone un claro modelo patriarcal de familia. 

  • La preocupación por llevar adelante un proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos contrasta con la falta de mención a cualquier plan municipal que controle la contaminación potencial y real de la minería metalífera en su territorio. 

  • En el plan de gestión integral del agua potable y saneamiento no hay mención alguna al riesgo de la explotación minera metalífera a cielo abierto con lixiviación con cianuro en simultaneidad a la precariedad que existe para el abastecimiento de agua potable, y no se da cuenta de la existencia de denuncias por contaminación del agua y disminución del caudal a causa de la actividad minera a cielo abierto. 

  • El proyecto “Hacia un Plan de Marketing Local y Regional” (págs. 283-284) no define ninguna línea de acción, solo enumera las cuestiones a tener en cuenta en cualquier plan de marketing. No se entiende para qué se relevaron todos los ambientes, se hicieron las jornadas participativas, se definieron líneas estratégicas, si no se consiguió identificar ninguna línea de acción concreta. 

  • El incentivo para inversiones en emprendimientos tecnológicos describe parcialmente las oportunidades de regiones diferentes a las estudiadas, y realiza paralelismos infundados como oportunidades para el desarrollo de software en la zona, como por ejemplo considerar que la existencia del mineral de silicio en el territorio de estos municipios puede significar alguna ventaja para el desarrollo de software, ya que el hardware utilizado hoy día contiene silicio (pág. 287), sin mencionar por ejemplo a la infraestructura de comunicación que sí es clave. Se presenta un proyecto de ley de régimen de promoción impositivo provincial que puede tener algún éxito en San Juan capital, pero muy difícilmente en los municipios estudiados, ya que no cuentan con recursos humanos capacitados.  

  • El plan de ordenamiento territorial (pág. 300) define objetivos específicos de manera muy clara. 

  • Muchos proyectos se superponen en objetivos. Por ejemplo, el plan ProNor, que no plantea objetivos específicos, incluye el proyecto de marca regional y local, el plan de desarrollo minero y el plan de desarrollo turístico, que habían sido detallados por separado. El plan de desarrollo industrial de ProNor (pág. 305) no ofrece detalles y se superpone con el proyecto “Parque Industrial Regional”. 

Por todo esto, se vuelve a afirmar la hipótesis inicial: se considera que el Plan de Desarrollo Sostenible Regional de los Municipios con Minería Metalífera de San Juan, que abarca los casos de Jáchal, Iglesia y Calingasta, es una simulación de desarrollo endógeno como estrategia de legitimación de una propuesta de crecimiento económico que no respeta los principios del endogenismo.

[1] Rabiti, Marisol, comp., Plan de Desarrollo Sostenible Regional de los municipios con minería metalífera de San Juan: el caso Jáchal, Iglesia y Calingasta, San Juan, Fondo Editorial de la Universidad Católica de Cuyo, 2008, 1ª ed. (consultar en http://mineria.sanjuan.gov.ar/). 

[2] El diagnóstico ambiental tuvo dos etapas, un peridiagnóstico inicial (investigación de dimensiones sociales, económicas, jurídicas, ecológicas y territoriales para tener una primera aproximación a la realidad local) y un diagnóstico participativo con entrevistas a referentes locales, talleres y reuniones internas con el fin de validar el peridiagnóstico y enriquecerlo con la visión que los habitantes tienen de su realidad local. 

[3] El trabajo menciona: dignidad de la persona humana, bien común, solidaridad, destino universal de los bienes, participación, diálogo, justicia social, medio ambiente sano, cultura cívica y cultura del trabajo (págs. 25 a 27), muchos de los cuales pertenecen a la Doctrina Social de la Iglesia Católica (ver Pontificio Consejo Justicia y Paz, “Capítulo Cuarto. Los Principios de la Doctrina Social de la Iglesia” en Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html). 

[4] Que identifica el Banco Mundial. 

[5] Ver significado en http://www.mininterior.gov.ar/municipales/busqueda/definiciones.asp?Def=41. 

[6] El plan quedó desactualizado en este aspecto. La compañía Intrepid Mines suspendió el proyecto Casposo el 13 de octubre de 2008 a causa de la crisis financiera global y la falta de fondos disponibles, y el 26 de marzo de 2009 vendió el proyecto a la empresa australiana Troy Resources, que anunció que reanudará la construcción en octubre de 2009. La compañía Barrick anunció en mayo de 2009 que el proyecto binacional Pascua-Lama comienza su construcción. El 13 de enero de 2009, Gualcamayo produjo su primera barra de metal doré, de modo que ya es una mina en producción. 

[7] El plan define a los referentes locales como “ciudadanos que participan activamente en alguna institución u organismo departamental, representando a un número definido de individuos pertenecientes al mismo grupo” (p.155). 

[8]A excepción de una Tecnicatura en Seguridad e Higiene que realiza la empresa minera Barrick en Villa Iglesia. 

[9] A pesar de programas para desarrollar el cooperativismo llevados adelante por grandes empresas mineras, el INTA y SENASA. 

[10] Se incluyen también como debilidades todos los problemas identificados en la fase de participación.  

[11] Para conseguir esto se sugiere que la Nación adhiera a iniciativas internacionales orientadas a la colaboración entre empresas, gobiernos y sociedad civil para transparentar el pago de los cánones y el uso de uso de los recursos, como la Iniciativa de Transparencia en las Industrias de Extracción (EITI) o el International Council on Mining and Metals (ICMM). 

[12] Ver <www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_id=1828&ANN_user_op=view>, <www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_id=2178&ANN_user_op=view>, <www.noalamina.org/ index.php?module=announce&ANN_id=1092&ANN_user_op=view> y <www.noalamina.org/index.php?module= announce&ANN_id=174&ANN_user_op=view>. 

[13] Ver <http://www.legsanjuan.gov.ar/indexley/LEYES/2007/Ley7819.doc>. 

[14] Ver < www.minesandcommunities.org/article.php?a=1404>, <www.minesandcommunities.org/ article.php?a=2401> y <www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=615>. 

[15] Ver < http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=273>. La reticencia a las consultas populares puede tener origen en el caso de Esquel, provincia de Chubut, donde en el año 2003 la comuna llamó a una consulta popular no vinculante en la que el 81 por ciento de los votantes se pronunció en contra de la minería a cielo abierto con uso de sustancias contaminantes. 

[16] Ver < http://www.noalamina.org/index.php?module=announce&ANN_user_op=view&ANN_id=2220>. 

[17] Vázquez Barquero, Antonio, “Sobre la diversidad de las interpretaciones y la complejidad del concepto de desarrollo endógeno”, Conferencia Inaugural III Seminario Internacional Desarrollo Económico Territorial y Empleo, Montevideo, 2006, págs. 40-41. < http://www.dete-alc.org/_docs/1220475526,docs.pdf > [Consulta: 31 mayo 2009]. 

[18] Para conocer las diferencias entre participación real y simbólica, ver Sirvent, María Teresa, “Estilos participativos, sueños o realidades”, en Revista Argentina de Educación, año 3, Nº 5, ACGE, Buenos Aires, 2003, pág. 46. 

[19] Tal como se informa en la descripción de actores políticos del ambiente institucional, los gobiernos municipales al momento de elaborar el plan los ejercen intendentes apoyados por el actual gobernador de la provincia, José Luis Gioja, defensor de la explotación minera a cielo abierto con sustancias contaminantes en su provincia y en el país, ya que como presidente de la Comisión de Minería en la Cámara de Diputados de la Nación fue el autor de la Ley 24196 de Inversiones Mineras que estableció el marco legal fundamental para la instalación de la actividad en Argentina. 

[20] Alburquerque, Francisco “Metodología para el desarrollo económico local”, en Del Castillo, Manual de Desarrollo Local, cap. 28, Gobierno Vasco, 1994, pág. 313. 

[21] Ver impactos esperados por la Secretaría de Minería de la Nación para Veladero y Pascua-Lama en <http://www.mineria.gov.ar/estudios/dias/sanjuan/impacto3.asp>. 

[22] Galafassi, Guido y Dimitriu, Andrés, “El Plan “B” de los Capitales Mineros. A propósito de las notas sobre “Inversiones mineras en Argentina” en Le Monde Diplomatique de mayo 2007”, en Revista THEOMAI, número 15, 2007, pág. 4. 

[23] Ver más en < http://www.diarioc.com.ar/economia/Mineria_a_cielo_abierto-_El_cianuro_y_la_contaminacion_ que_ provoca_en_/89171>. 

[24] Leyes Provinciales 9.526 y 7.722 respectivamente. 

[25] Ver <http://www.inpres.gov.ar/seismology/xultimos.php>. 

[26] Ver < http://www.mineria.gov.ar/estudios/irn/snjuan/G-41.asp>. 

[27] Ver <http://www.mineria.gov.ar/estudios/dias/sanjuan/impacto3.asp>. 

[28] Ver <http://www.defensor.gov.ar/informes/info12-sp.htm>. 

[29] Ver <http://www.mineria.gov.ar/pdf/informe-de-gestion.pdf> y <http://www.mineria.gov.ar/pdf/ 

mineriaennumeros.pdf>. 

[30] Ley Nº 24.196: De Inversiones Mineras y modificatoria 25.429, decretos reglamentarios y resoluciones. Ley Nº 25.243: Tratado entre la República Argentina y la República de Chile sobre Integración y Complementación Minera. Régimen de retenciones a la exportación de minerales. Para legislación internacional comparada, ver <www.akrepublicans.org/ seaton/24/pdfs/seat_hb418_10.pdf> y <http://www.mef.gob.pe/INFECO/ documentos/perufinalreport_280504Otto.pdf> (en inglés). 

[31] Madoery, Oscar, “El proyecto político local como alternativa de desarrollo”, en Revista Política y Gestión, volumen 2, Editorial Homo Sapiens, 2001, pág. 3. 

[32] Arocena José, El desarrollo local: un desafío contemporáneo, Editorial Nueva Sociedad, Caracas, pág. 17. 

[33] Ver Devés Valdés, Eduardo, El pensamiento latinoamericano en el siglo XX, Desde la CEPAL al neoliberalismo (1950-1990), capítulo 1, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2003. 

[34]Op. Cit, pág. 25. 

[35] Lechner, Norbert, Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política, LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2002, pág. 38. Tan poco vínculo hubo entre el urgente “aprovechamiento de ventajas” y la definición de metas colectivas que las regalías de Iglesia, el primer municipio que las cobró por la mina Veladero, permanecen con muy bajo nivel de ejecución (ver http://www.diarioelzonda.com.ar/08/08/18/noticias/11.htm y <http://intra.ada.gba.gov.ar/intra/infoagua/200810/noticias/138486.html>). 

[36] Solo se propone: el proyecto Pro-Norte (pág. 303), pero de manera muy general; la radicación de un parque industrial regional en Jáchal que, entre otras, contendría empresas de servicios de apoyo a la minería metalífera pero sin detallar cuáles (pág. 307); y el desarrollo de PYMES mineras no metalíferas en Calingasta (pág. 276). 

[37] Que la Dirección de Desarrollo Sustentable de la provincia dependa de la Secretaría de Estado de Minería y no del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico indica a nivel de organigrama la idea de crecimiento que tiene el gobierno de la provincia.  

[38] Prats, Joan, “Gobernabilidad democrática para el desarrollo humano. Marco conceptual y analítico.”, Revista Instituciones y Desarrollo, Nº 10, Barcelona, 2001, pág. 20. 

[39] Para más datos ver <http://www.legsanjuan.gov.ar/indexprensa/hoy2006/Hoy_2006_11_27.doc.>. 

[40] Y dueño de una empresa minera no metalífera Bentonitas Santa Gema, indicada como proveedora de Barrick en Veladero (ver <http://criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=15636>). 

[41] Ver < http://argentina.indymedia.org/mail.php?id=423771>. 

[42] Op. Cit., pág. 19. 

[43] En el año 2007 se firmó un acta acuerdo entre la Secretaría de Estado de Minería, la Secretaría de Estado de Turismo, Cultura y Medio Ambiente, la Cámara Minera y la Cámara de Turismo de la provincia de San Juan para facilitar el tránsito de expediciones turísticas por los caminos mineros. 

[44] Su categorización como ruta provincial puede verificarse en <http://mineria.sanjuan.gov.ar/redvial/redvial_pdf/ Iglesia.PDF>. 

[45] Ver Damiani, Oscar, “Sistema de Riego Prehispánico en el Valle de Iglesia, San Juan, Argentina”, Multequina, Nº 011, Instituto Argentino de Investigación de las Zonas Áridas, Mendoza, 2002. <http://www.cricyt.edu.ar/ multequina/indice/pdf/11/11_1.pdf> [Consulta: 31 mayo 2009]. 

[46] Ver <http://www.tinitus.com.ar/Download/Pasatiempos/Airelibre/Guias_Turismo/Guia_Turismo_SanJuan.pdf>. [47] Ver <http://www.hidraulica.sanjuan.gov.ar/Relevamiento%20Agr%EDcola%20San%20Juan%20Ciclo%202006-2007.pdf>. 

[48] Ver <http://www.agro.uba.ar/apuntes/no_3/sanjuan.htm>. 

[49] Ver <http://www.hidraulica.sanjuan.gov.ar/Relevamiento%20Agr%EDcola%20San%20Juan%20Ciclo%202006-2007.pdf>. 

[50] Ver <http://capacitacion-sicp.mecon.gov.ar/documentos/Clase7bdr.pdf>.