1996 - El derecho ignorado

Pero hay un derecho fundamental, valuarte y garante de la seguridad nacional, que la Constitución no explicita pero que muy a menudo nuestros gobernantes se han encargado de rescatar: el derecho a la ignorancia.

Este derecho, el mas gozado y promovido, el que hace al pueblo disfrutar de la vida, es el que los gobiernos de esta Nación, ya sean militares o democráticos, han defendido durante los últimos años, derrotando a su más temible adversario, la educación, o restringiendo el derecho a la información. 

La época del proceso

Cabe hacernos una pregunta, ¿por qué decimos que Videla, Viola, Galtieri o Bignone no respetaron nuestros derechos? Si fueron ellos quie­nes más apasionadamente promovieron nuestro derecho máximo, el de la igno­rancia, en pos de la integridad de nuestra Nación.. 

Refresquemos la memoria con el comunicado Nº 19 y con algunas leyes promul­gadas en el año 1976 por la Junta Militar:

• Comunicado Nº 19: Hizo saber que sería “reprimido con la pena de reclusión por tiempo indeterminado al que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara comunicados o imágenes provenientes o atribuidos a asociaciones ilícitas o a personas o grupos notoriamente dedicados a actividades subversi­vas o de terrorismo”; ”reprimido con reclusión de hasta 10 años al que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales”.

• Ley 20.840: Prohibía la publicación de aquello que se considerara peligroso.

• Ley 21.276: Prohibía determinadas actividades en los centros universitarios.

• Ley 21.323: Establecía sanciones carcelarias para los que violaran disposicio­nes referentes a la suspensión de partidos políticos.

• Ley 23.325: Ampliaba la disolución de entidades políticas así como las san­ciones para los que infringieran tales disposiciones.

• Ley 21.338: Modificaba el Código Penal imponiendo la pena de muerte en relación a la asociación ilícita y a delitos calificados de subversivos.

• Ley 21.461: Daba facultades a fuerzas armadas, de seguridad y policiales para la investigación de delitos subversivos con potestades para interrogar, arrestar y obtener pruebas para la provisión sumarial.

• Ley 21.776: Modificaba el Código Penal y agregaba Comunicados sobre deli­tos de prensa y Disposiciones Especiales sobre prohibición de publicaciones relativas a la subversión y otras. 

Pero esto no es todo. Diversos cuerpos militares o policiales allanaron empresas periodísticas en distintas localidades del país, deteniendo y encarcelando a direc­tores, redactores y reporteros de distintos medios de comunicación social. 

Además, se intervino militarmente a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y a Sindicatos de Periodistas de distintas ciudades del país, clausurando o prohibiendo la circulación de determinadas revistas y periódicos, expulsando a corresponsales y agencias extranjeras de prensa y radio e incinerando numerosos libros y revistas. Por otra parte, se establecieron penas de prisión que oscilaban entre tres y ocho años para aquellas personas que llevaran a cabo la difusión ideológica, la exhibición, impresión, edición, reproducción, distribución o pro­pagación de material relativo a las entidades sancionadas.

A continuación veremos dos ejemplos, desde lo más frívolo a lo más serio, que ilustran el modo en que el Estado de facto utilizó a los órganos de prensa como medios para la ignorancia del pueblo en virtud de “la seguridad nacional”.

Un grito de ignorancia. El partido del gobierno. 

En el año 1978 la Argentina fue sede del Campeonato Mundial de Fútbol. Las violaciones de los derechos humanos cometidas por el gobierno militar habían trascendido el mundo entero y como contrapartida había un ferviente deseo oficial de presentar a quienes vinieran al país una imagen de orden y organiza­ción. En ningún momento los medios filtraron otras opiniones sobre el tema que no fueran oficiales. Eduardo Aliverti evoca que: ’’En la época del Mundial no se podían hacer criticas ni siquiera sociológicas, y los periodistas especializados tenían prohibido hablar mal de la selección desde el punto de vista técnico’’. El triunfo del equipo era considerado de importancia política fundamental y, esa vez, la jugada le salió perfecta al gobierno -más allá de los 520 millones de dólares que se gastaron- ya que la Argentina obtuvo por pri­mera vez en la historia el título mundial.

La guerra que no vimos

El 2 de abril de 1982 las Fuerzas Armadas Argentinas invadieron las Islas Malvinas. Setenta y tres días después hubo una derrota muy dolorosa, 635 argenti­nos muertos y una oscura sospecha que todavía pesa sobre los medios de co­municación. Sostenida y alentada por la censura y la manipulación oficiales, desde los medios se dibujó una realidad que no era tal.

La revista GENTE fue uno de los tantos medios que adhirió al triunfalismo mentiroso que el gobierno impuso a éstos, y al cual algunos se resistieron, como por ejemplo la revista LA SEMANA, que lógicamente fue clausurada.

Si nos remitimos a los titulares de la revista GENTE durante el periodo de la guerra, veremos que presentó un triunfalismo exacerbado y que recién comenzó a cuestionarla cuando la derrota ya era inminente:

• VIMOS RENDIRSE A LOS INGLESES (8/4/82)

• VAMOS A ATACAR (20/5/82) Junto a un piloto dentro de su avión seña­lando el O.K. con el pulgar hacia arriba.

• ¡SEGUIMOS GANANDO! (27/5/82)

• AHORA VIENE POR NOSOTROS (10/6/82) Junto a la imagen del Papa.

• LA GUERRA QUE NO VIMOS (24/6/82)

• ¿HABÍA COMIDA? ¿TENÍAN ROPA ADECUADA? ¿QUE PASO CON LAS ARMAS? ¿CUANTOS MUERTOS HUBO? (1/7/82) 

Por otra parte, la revista no tuvo editoriales durante el periodo de guerra, salvo en la edición del 27/5 en la que el espacio fue llenado por un discurso del general Mario Benjamín Menéndez. Una vez finali­zada la contienda, reaparecieron las editoriales, que demostraban por cierto una gran ambigüedad. 

La vida democrática

Ya nada sería como antes. Nunca más se promovería en la Argentina el derecho a la ignorancia con tanta pasión y fuerza. La democracia fue un duro golpe. Pero un derecho tan fundamental nunca muere, siempre reaparece, quizás hoy camu­flado bajo otro nombre: desinformación.

Con la llegada de la democracia, comenzaron a restablecerse los medios gráfi­cos, radiales y televisivos amparados bajo las garantías constitucionales, lo cual parecía constituir una seria amenaza al derecho a la ignorancia. Pronto se vería que la preocupación era en vano.

En el plano internacional hacía ya muchísimos años se venía dando un proceso de concentración y transnacionalización de la comunicación, que a través de mecanismos de control, manipulación y distorsión informativa provocaban un nuevo fenómeno, la desinformación. Este proceso en cierto modo pasaba por alto al inciso 3 del artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica -vigente en la Argentina desde septiembre de 1984- que establece que “no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioe­léctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circula­ción de ideas y opiniones.”

Pero era en el plano nacional donde verdaderamente encontrábamos una traba legal a la concentración. Nos referimos a la Ley Nacional de Radiodifusión Nº 22.285, que en su artículo 45 prohibía la concesión de las frecuencias de radio y televisión a quienes simultáneamente lo fueran de medios de comunicación im­presos.

Pronto el camino quedaría libre. En el año 1990 se promulgó la Ley de Reforma del Estado Nº 23.696 que dejó de lado aquella prohibición, facilitando la situa­ción de concentración que actualmente se aprecia en el panorama informativo nacional, con 13 grupos multimedia que concentran alrededor de un centenar de medios en todo el país.

Con la reforma constitucional del año 1994, y gracias al nuevo artículo 75 inciso 22 que otorga a los tratados y concordatos jerarquía superior a las leyes y que complementa al ya existente artículo 31, se otorgó jerarquía constitucional al mencionado Pacto de San José de Costa Rica, además de los otros tres instru­mentos de derechos humanos que reconocen la libertad de opinión: la Declara­ción Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

De esta manera, la nueva constitución garantiza con más fuerza la libertad de expresión e introduce una serie de derechos y deberes tendientes a una mejor comunicación, pero no podemos decir que promueva un cambio en sentido de la concentración de los medios y la desinformación.

En todo caso, estamos presenciando un proceso inverso, con datos como los que afirman ciertos autores sobre que las agencias internacionales de prensa pro­veen en América Latina un 85% de la información que circula, o cuando vemos, por ejem­plo, que en marzo de 1997 se lanzará la CNN en español, que será emitida du­rante las 24 horas y que abrirá una corresponsalía en Buenos Aires, sumándose a la oficina internacional de venta de la Turner que ya tenemos en nuestra ciu­dad.

Además de presentar esta forma, si se quiere sutil, de fomentar la desinforma­ción, nos parece oportuno incluir un informe que la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa entregó en diciembre de 1994 al Ministerio del Interior y que se refiere a los ataques -para nada sutiles- sufridos por la prensa entre sep­tiembre de 1992 y el 15 de diciembre de 1994:

• 120 periodistas sufrieron agresiones físicas.

• 118 periodistas recibieron amenazas o fueron intimidados.

• 6 medios (entre emisoras de radio y TV, diarios y revistas) padecieron atenta­dos con explosivos o armas de fuego.

• otros 11 medios fueron amenazados para que detuvieran alguna investigación o para intimidar a su personal.

• hubo 3 amenazas contra sindicatos de prensa.

• la policía detuvo a 14 periodistas.

• 6 periodistas fueron condenados por desacato o por negarse a revelar sus fuentes de información. 

La hegemonía del no sé

Tomando como ejemplo la ardua historia argentina reciente, y dejando de lado el sistema educativo, hemos visto diferentes formas y procedimientos que el Estado -en su interacción con los medios de comunicación- ha implementado, tendientes a fomentar el derecho a la ignorancia del pueblo argentino. Ignorancia entendida en un doble sentido: uno que implica efectivamente no saber las cosas que pasan, y otro que implica la incapacidad de mantener una postura crítica.

Podríamos decir que durante el período militar, ambos aspectos estuvieron presentes -mediante la censura y el control directo de los medios- mientras que al período democrático le correspondería primordialmente el segundo -mediante métodos más sutiles que se adaptan a las exigencias del derecho-.

Y decimos que a la democracia le corresponde específicamente el segundo, porque no es que el pueblo no tenga información, sino que no tiene las herramientas necesarias para discriminarla, para utilizarla en su provecho o para detectar cuando existe una manipulación. El pueblo está en una simple posición de recepción de textos que no son para nada ingenuos y que están elaborados para producir ciertos efectos en los receptores. Podríamos decir, valga la comparación, que gran parte de los argentinos está en la posición en que estaría un espectador novato de cine, que se deja llevar por la historia tal como esta lo desea. Por otra parte, y desde el derecho, no existe una legislación fuerte tendiente a limitar la manipulación de la información, como por ejemplo una ley antimonopólico de los medios, de limitación de la injerencia del gobierno, o lo que implicaría el establecimiento del derecho a la comunicación. 

Si a esta situación le sumamos las verdaderas agresiones que ha sufrido la prensa en los últimos años cuando ha querido investigar maniobras poco claras del Estado, llegaremos a la conclusión de que en este país uno de los derechos más respetados y promovidos es, justamente, el derecho a la ignorancia.